Isidro Toro Pampols
Argentina vive su primera huelga general desde 2019, convocada por la principal central sindical del país, contra las reformas tipo “terapia de choque” impulsadas por el Gobierno del anarcocapitalista Javier Milei.
En teoría económica, la terapia de choque o de schock, se refiere a la liberación súbita de los precios y controles de divisas, eliminar los subsidios estatales y la apertura comercial inmediata en un país, acompañado de la privatización a gran escala de los activos de propiedad pública.
En termino general responde a las recetas del llamado “Consenso de Washington”, que se refiere a un paquete de reformas estructurales siendo un recetario para países en desarrollo afectados por crisis financiera.
La fórmula abarca políticas que propugnan la estabilización macroeconómica, la liberalización económica con respecto al comercio, la reducción del Estado y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de la economía interna, diseñada según un formulario abalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
No vamos a entrar a juzgar el recetario, pero si señalar los resultados de la “terapia de choque” con algunos ejemplos cercanos.
Quizás el primer ejemplo en Hispanoamérica fue con el gobierno producto del golpe de Estado en Chile en 1973 dirigido por el general Augusto Pinochet.
Se aplicó el programa sobre la base de la represión y la tortura para imponer las políticas impopulares asociadas a la terapia de choque.
En 1984 se produce la poblada de abril en República Dominicana como respuestas a las negociaciones del gobierno de Salvador Jorge Blanco con el FMI y el súbito aumento de la inflación.
Luego, mediante consensos, se han implementado muchas de las recetas exhibiendo el país resultados macroeconómicos calificados de exitosos y, aunque ha disminuido la pobreza extrema, aún presenta una fuerte deuda social.
El Caracazo es el nombre de una serie de fuertes protestas, disturbios y saqueos en Venezuela que comenzaron el 27 de febrero de 1989 y finalizaron el 8 de marzo del mismo año.
Se iniciaron principalmente en respuesta a las medidas económicas anunciadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las cuales incluían un incremento de la gasolina y del costo del transporte urbano, liberación de precios y otras medidas acordadas con el FMI.
Retornando a la Argentina, el presidente Javier Milei se enfrenta a la primera huelga general a menos de 50 días de gobierno, en contra de su severo ajuste fiscal y su plan de reformas de más de un millar de leyes y regulaciones que rigieron durante décadas.
La huelga general es convocada por la mayor central sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación peronista, y recibió el apoyo de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), segunda en tamaño.
El pasado miércoles comenzó la huelga con marchas y manifestaciones en las principales ciudades argentinas.
También se ha anunciado acciones de apoyos en el exterior, en países como Uruguay, España, Francia, Alemania y el Reino Unido, donde hay importantes “colonias” de argentinos.
De su lado la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó a los gremios y los llamó “sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei”.
Algunas consideraciones se pueden hacer en torno a lo expuesto.
De los tres ejemplos, pareciera que la terapia de choque solamente se puede imponer por la fuerza con el apoyo total de las fuerzas armadas del país que se trate.
Segundo, la crispación llevada al extremo con huelgas y manifestaciones complican la situación agravada por los efectos de los males que padece una sociedad, como el caso argentino.
Tercero, Milei no logró el apoyo mayoritario del electorado en las pasadas elecciones. Fue a ballotage y en el parlamento es franca minoría.
Si los sindicatos se radicalizan, la respuesta no puede ser el improperio. Ahora bien, los sindicalistas deben analizar con detenimiento el exiguo apoyo a su convocatoria, lo que significa, entre otros, que el pueblo argentino está harto de los extremos que debaten sobre su futuro no teniendo presente su realidad.
Esto tampoco debe ensordecer más a los ya exaltados y petulantes funcionarios gubernamentales. Pareciera que pocos están realmente centrados en los ciudadanos.
La Argentina, la gran nación suramericana, desde mediados del siglo XX viene dando tumbos entre gobiernos populistas bajo el ropaje de izquierda o derecha, que han llevado al país al desastre en la que se encuentra hoy.
Ha faltado una clase dirigencial no solamente partidista, sino económica, gremial, religiosa y de otros sectores, para llegar a acuerdos en aspectos fundamentales que le permitan al país retornar al camino de prosperidad que exhibía a principios del siglo XX.
Estos acuerdos deben centrarse verdaderamente en la ciudadanía, y no tomarla como consigna utilitaria.
Al parecer, se seguirá llorando por Argentina.
